Imperio de la ley e igualdad:
Derechos humanos y pobreza

César Daniel Torres Jiménez

Se analiza la relación que tienen los derechos humanos y la pobreza en diversos países miembros de la OECD (por sus siglas en inglés). Se explica mediante las variables de grado de protección a los derechos humanos en los sistemas jurídicos (como característica de aquellos países en que impera la ley), y porcentaje de la población que vive en pobreza, (como base de cálculo del índice de igualdad económica de los países). El objetivo es cuantificar la relación existente entre derechos humanos y pobreza mediante un estudio de correlación Spearman. Ambas variables corresponden a indicadores de países miembros de la OECD que se eligen tomando en consideración la existencia de datos en ambos indicadores (TJP:2014) (OECD:2014) y el grado de desigualdad de los países que se expresa en el porcentaje de la población que vive en pobreza, integrándose una muestra de 15 países elegidos por el grado de igualdad económica: los cinco más desiguales; cinco ubicados alrededor de la mediana de la muestra fuente y los cinco con menor grado de desigualdad (OECD:2014,113p.).
El grado de protección de los derechos humanos se cuantifica tomando como parámetro un modesto menú de derechos firmemente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (considerados fundamentales) y estrechamente vinculados al ideal de imperio de la ley. La situación de su reconocimiento por los gobiernos y la eficacia con que en cada caso se protegen (WJP:2014) . La cuantificación de la pobreza, al ser una situación cuya percepción varía entre los países y en el tiempo, se determina considerando como persona pobre a toda aquella que obtiene un ingreso menor al 50% de lo que percibe el promedio de la población de su país (OECD:2014). La correlación entre las variables resulta negativa y alta, coeficiente -0.82, y demuestra la existencia un vínculo estrecho entre el grado evolutivo de los derechos humanos y los niveles de pobreza económica de los países que integran la muestra que se estudia, ya que el aumento del valor de una variable tiene un impacto negativo fuerte en el valor de la otra.

La correlación existente entre las variables es negativa y alta. Casi simbiótica. Del resultado (por el sentido –negativo– y su grado escalar) se infieren dos situaciones: que el reconocimiento y protección eficaz de los derechos humanos contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad en los países. Propicia condiciones de seguridad y certeza necesarias para lograr desarrollo económico y social en las naciones. Y en contrasentido, que la pobreza y la desigualdad favorecen la inhibición del respeto por los derechos humanos en todos los escalafones sociales. Aumentan la impunidad, los índices de criminalidad y la vulnerabilidad jurídica de quienes no cuentan con los medios para defender el derecho les asiste. La autoridad se insensibiliza, se corrompe e incluso abusa ante la vulnerabilidad de dicho sector poblacional. Asimismo se desincentiva la inversión y el desarrollo al no existir condiciones de seguridad patrimonial, ni jurídica. Se considera que cualquier propuesta de combate a la pobreza y la desigualdad debe tener aparejada estrategias que faciliten el acceso a los mecanismos de protección de derechos humanos que brinden la seguridad a todos los sectores poblacionales. Se requiere crear condiciones jurídicas y materiales (orden público) que atraiga la inversión e incentive el crecimiento y el desarrollo económicos.

Fuentes:

OECD (2014), Society at Glance 2014: OECD Social Indicators, París, OECD Publishing. 148pp. http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-en. Ésta publicación ofrece evidencia cuantitativa del bienestar social y su tendencia en los países pertenecientes a la OEDC (por sus siglas en inglés).

World Justice Project (2014). WJP Rule of Law Index 2014. The World Justice Project. París, 224pp.http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf. Presenta una expresión cuantitativa de la situación que guarda el imperio de la ley en 99 países en los diferentes rubros que, a consideración de los autores del proyecto, constituyen el Estado de Derecho.