Relación con corrupción, respeto a derechos fundamentales y cumplimiento regulatorio

El poder Judicial como la pieza que exige el cambio en las actuaciones de los integrantes de la Administración pública. En este trabajo se analiza la fuerza institucional del poder Judicial y su incidencia en la disminución de la corrupción, mejora al respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento regulatorio de las autoridades. Se examinan 30 países, los cuales de acuerdo con the World Justice Project (WJP) conforman el bloque de América Latina y el Caribe. La información proviene de dos bases de datos: WJP Rule of Law Index 2021 y Corruption Perception Index 2020. En primera instancia se presenta una tabla la cual tiene como objeto mostrar los datos de cada variable de forma ordenada para realizar un análisis que brinde mayor información sobre la relación de estos indicadores. En segunda instancia se muestra un gráfico que busca ilustrar y confirmar las hipótesis obtenidas del previo estudio de la tabla. Como resultado se demostró que la relación entre estas variables y la existencia de una institución judicial fuerte es alta. Con base en la información obtenida de los análisis se recomienda fortalecer a las instituciones de impartición de justicia. Pues al tener la posibilidad real de emitir sanciones gravosas contra los funcionarios, éstos tendrán que ajustar sus acciones a lo establecido en la ley y serán a su vez más eficientes. La sanción desincentivará la acción ilegal.

El poder Judicial es una de las instituciones pilares para el correcto funcionamiento de los países. Adicionalmente, éste puede ser considerado como una institución que ejerce presión contra las actuaciones de la administración pública. En la Tabla 1 se pueden observar los datos respecto al poder institucional que tiene la Judicatura en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Los datos de esta variable tienen una media de 53 y la mitad de los países –16 de los 31– se encuentra por encima de este promedio. Esto quiere decir que el poder institucional en la rama judicial de los países latinoamericanos es medianamente fuerte. Por tanto, si bien no es un órgano con una fuerza absoluta, tampoco es una institución que no tenga importancia para el funcionamiento adecuado de los países. La segunda variable es el índice de percepción de la corrupción donde 35% de los países se encuentran por encima de la media –42/100–. Esta cifra indica que en América Latina, la mayoría de las personas señalan no tener confianza en el gobierno. En cuanto a la tercer variable sobre respeto a los derechos humanos fundamentales es posible observar que 17 de los 31 países latinoamericanos comprendidos en esta tabla se encuentra por encima del promedio. Cabe destacar que el promedio es de 58 puntos, lo cual refleja que, en general, hay un respeto medio alto hacia los derechos fundamentales. Lo anterior atiende a que la mayoría de estos países cuenta con leyes que promueven su protección. Por último, el índice de cumplimiento regulatorio examina la efectividad y legitimidad del trabajo realizado por la Administración. El 58% de los países examinados está encima del promedio calculado para esta región. Esto refleja que las actuaciones administrativas son efectivas y eficientes en un nivel medio medianamente alto. Ahora bien, la correlación entre la variable de fuerza institucional y la del índice de corrupción es de 0.81, lo cual demuestra que hay una correlación positiva alta. Esto quiere decir que si un país tiene una fuerza institucional judical alta, es muy probable que el fenómeno de corrupción sea menos perceptible por los ciudadanos. De igual forma, la correlación de la fuerza del poder Judicial y el respeto de los derechos humanos es positiva y alta. Por tanto, un alto respeto a los derechos humanos está muy relacionado con la existencia de un poder Judicial fuerte. Finalmente, la correlación entre la fortaleza institucional de la Judicatura y el índice de cumplimiento regulatorio es alta. Por esta razón es posible afirmar que hay un relación estrecha entre que la Administración realice sus atribuciones de forma efectiva y legítima y que institucionalmente el poder Judicial sea fuerte. En congruencia con lo anterior, es importante que los países fortalezcan las instituciones de impartición de justicia. Pues entre más fuerte sea su aparato judicial, el actuar de la Administración estará más apegado a derecho, evitando prácticas desleales y que atenten contra los derechos humanos.

El Gráfico 1 muestra la relación de cada uno de los países latinoamericanos estudiados entre la fuerza del poder Judicial, percepción de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento regulatorio. Estos indicadores se miden en una escala del 0 al 100, donde éste último representa el nivel óptimo a alcanzar. Por ejemplo, en cuanto al índice de corrupción el 0 significa que el país es totalmente corrupto, mientras que el 100 indica que el país se encuentra limpio de esta práctica.En el eje x se encuentran enlistados los países objeto de estudio, los cuales están acomodados de mayor a menor respecto a la fuerza institucional de la Judicatura. Mientras que el eje y fue construido de 10 en 10, empezando desde el 0 hasta llegar al 90. A pesar de que estos indicadores se miden del 0-100, sólo se tomó en cuenta hasta el 90 dado que el valor máximo de todos los datos es 79. Cada una de las variables se encuentra representado por diferentes tipos de marcadores y colores. Ahora bien, como es posible observar en la mayoría de los países se respeta cierto orden en la presentación de los indicadores: como menor valor está la percepción de corrupción, por encima de éste se ubica el índice de cumplimiento regulatorio, seguido de la fuerza institucional de la Judicatura y, finalmente el valor más alto es el respeto a los derechos fundamentales. Lo anterior ayuda a visualizar las relaciones que existen entre estas variables. En este caso, el objeto es analizar la relación de ellas respecto a la fuerza institucional del poder Judicial. De primera vista, el elemento que salta es el marcador de derechos fundamentales, pues es el que más despegado se encuentra del indicador de fuerza institucional. Sin embargo, entre ambas variables es posible notar una relación estrecha, debido a que en los países donde el poder Judicial tiene una alta fuerza institucional se puede observar que el respeto a los derechos humanos también tiene cifras altas. Salvo en casos como Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago donde su marcador de derechos fundamentales está por debajo de la fuerza del poder Judicial. Por otra parte, la relación más estrecha de las variables presentadas corresponde al índice de cumplimiento regulatorio y la fuerza institucional de la Judicatura. Lo anterior muestra que de existir un aumento en una de estas variables, es muy probable que también haya un efecto positivo en la otra. De ahí que sea posible identificar que el fortalecimiento del poder Judicial sea una alternativa para ejercer presión sobre la Administración y así realice sus atribuciones con mayor cuidado y apego a la ley. Finalmente, la relación entre fuerza judicial y la percepción de corrupción de igual forma se identifica como fuerte. En este caso, tal vez la incidencia que tendría una reforma para fortalecer el poder judicial respecto a la disminución de la corrupción no sea tan directa como en otros casos. No obstante, en cierto sentido sí ayuda al combate contra esta práctica ya que este órgano es el encargado de sancionar a los funcionarios públicos que comentan faltas administrativas. Por esta razón, es posible que al existir un mecanismo consolidado de sanciones a servidores públicos, éstos se disuadan se cometer actos contrarios a la ley. De acuerdo con lo antes resaltado, la fuerza del poder Judicial es un factor importante para el funcionamiento adecuado y legal de la Administración Pública, pues se encuentra altamente relacionado con aspectos torales de su andamiaje.

En conclusión, los países en sus estructuras gubernamentales cuentan con varios mecanismos e instituciones encargadas de ejercer contrapesos contra las actuaciones de la Administración Pública. El poder Judicial es uno de los grandes poderes de la Unión, el cual se encarga de la impartición de justicia, juzgar y sancionar los actos puestos a su disposición. Este concepto de “impartición de justicia” no sólo aplica para conflictos entre particulares, sino que es posible extenderlo para casos donde la Administración Pública sea partícipe de algún incumplimiento. En este sentido, el presente trabajo estudió el posible establecimiento del poder Judicial como un verdadero contrapeso contra el actuar administrativo indebido. Para ello se utilizaron dos elementos: una tabla y un gráfico. Por un lado, la tabla mostró la distribución de los datos utilizados y la relación que las variables guardaban entre ellas. De lo anterior, resultó que, en efecto, el fortalecimiento del poder Judicial puede ser una estrategia que disminuya la práctica de la corrupción, promueva el respeto a los derechos fundamentales y que garantice la efectividad y legalidad de los actos de la Administración. Por otro lado, el gráfico fortaleció las conclusiones obtenidas en el análisis de la tabla, pues fue posible la visualización interactiva de los datos estudiados. En mi opinión, si bien de acuerdo con la estructura de los Estados de derecho democráticos, la distribución entre poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– debe ser equitativa y proporcional (es decir, no debe prevalecer uno sobre otro), considero que éste principio puede flexibilizarse dependiendo de la situación. En la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con la existencia de un poder Ejecutivo con mucha fuerza, el cual moldea el Estado y sus leyes–generalmente– para mal. Por ello, al ya existir un desbalance entre la distribución de los poderes, el fortalecimiento de otro poder es la opción que ayudaría a devolver la estabilidad al país. El poder Judicial es el encargo de impartir justicia e imponer sanciones a los sujetos que cometan faltas o delitos. En este sentido, otorgarle facultades sancionatorias contra la Administración Pública puede generar un efecto disuasorio en sus conductas ilegales y abusivas. En congruencia con lo antes planteado, es necesario robustecer el papel de la Judicatura y que actúe como verdadero contrapeso de la Administración.

Bibliografía
Bhagwat, Ashutosh. (1999). Modes of regulatory enforcement and the problem of administrative discretion. Hastings Law Journal 50. pp. 1275- 1332.
International Transparency (2020) Corruption Perceptions Index 2020. Berlín: International Transparency International Secretariat, pp. 2-3.
OECD. (2021). Government at Glance 2021. OECD Publishing. Julio 9, 2021, pp- 205-2015.
World Justice Project. (2021). WJP Rule of Law Index 2021. Octubre 14, 2021, de The World Justice Project, pp. 40-174.