De la implementación del supremo recurso de la rebelión

June 25, 2018 in Blog de Sociología, Democracia y Justicia, Justicia by Francisco Tomás González Cabañas

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (Preámbulo de la Declaración universal de los derechos humanos).

Dalmacio Negro Pavón, nos advierte en el trabajo que citamos a continuación, de la confusión en la que cayó Montesquieu al emplear bajo una misma significación tiranía y absolutismo, error craso que la ciencia política sigue arrastrando hasta nuestros días, tal como ocurre con la famosa teoría de pesos y contrapesos, que escinde al poder judicial, como independiente de los poderes ejecutivos y legislativos (o declamados en su necesidad), que se extrae como conclusión sintética del “espíritu de las leyes” como de su obra en general.

Poder determinar por tanto, la razón de una tiranía de gobierno, no puede estar vinculado a su origen o conformación, sino más que nada por su desempeño o desenvolvimiento. Es decir, una de las tantas razones, por las que no sería efectivo, conveniente, ni razonable, el poder ir hasta la etimología o las fuentes mismas de lo que pudo haber significado lo tiránico, como luego lo despótico o lo absolutista, es que precisamente en el nacimiento de lo que fuere, se encuentra su misma acta o disposición final o certificado de finalización o defunción.

Tal como ocurre en cualquier cuerpo orgánico, los cuerpos soci ales que vamos conformando, a los efectos de organizarnos, llevan consigo, su propia formulación, para volver a cero, resetearse, disolverse, morir o como se quiera llamar, para volver a surgir, nacer o conformarse.

Una de las tantas deudas, que quiénes nos dedicamos desde la perspectiva teórica, tenemos para con nuestra comunidad (así sea esta una comunidad de lectores) es formular a ciencia cierta, no sólo el decálogo, puntual de las razones para tener un derecho a la resistencia, a la revolución, a la rebelión, sino, una vaga idea, referencia o ejes fundamentales para su aplicación, puesta en marcha o funcionamiento del mismo.

Sí vamos al análisis cuantitativo, descubriremos que existen muchas más horas-esfuerzo-dedicación, más tiempo de la humanidad, dedicado a la penalidad que pueda corresponder para actos señalados como sediciosos, revolucionarios o de rebelión que se alcen contra el poder establecido que para los destinados al derecho mismo, que todos los ciudadanos podemos tener, natural y casi de una inusitada obviedad manifiesta, ante la posibilidad, que por la razón que fuere ese mismo estado de cosas se nos presente como opresivo o tiránico (bajo la acepción que significa este término de acuerdo al contexto up supra descripto).

Esta desproporción, al menos llamativa, nos sitúa con enjundia, a conjeturar, que la propia o misma libertad de expresión, de pensamiento, tiene el límite  claro, prístino y contundente, que se nos impone cuando se nos presenta la necesidad de que pensemos en una disolución, en un final para que luego del mismo, pueda renacer o reformularse, desde lo que tuvimos que erradicarlo, arrancarlo o acabarlo.

Casi de una obviedad manifiesta, no son pocos los teóricos que defienden, la ausencia de una manifestación más clara, con respecto al derecho a resistirnos a una eventual opresión, que devenga de un poder constituido legal como legítimamente, al expresar que así como no sería necesario ratificar por ley que tenemos derecho a ser felices, tampoco sería aplicable, para los formalismos de la técnica jurídica, que establezcamos que tenemos el mandato natural, de poder pensar, y tras ello, organizarnos políticamente, de la forma que consideremos, disponiendo en estos sistemas, las clausulas mismas de su rescisión, disolución o finalización.

Desde la óptica de los contratistas esto es más claro. No existe, en nuestro mundo civil, ningún tipo de contrato, que no tenga una fecha de culminación o cláusulas que dispongan de su rescisión. Es más, hasta no sería desatinado afirmar que en todo tipo de contratos, lo más importante es la finalización de los mismos o sus formas o maneras, que las partes tienen, para en la eventualidad que fuere, concluirlos.

Sin embargo, en esta segunda como consuetudinaria paradoja, los contratos de nuestras democracias actuales siquiera permiten que se mencionen las posibilidades de su culminación, rescisión o finalización de los mismos.

Palmariamente podemos ver, podemos hacer notar u observar que la democracia entendida de esta manera, obliterando, impidiendo, anulando, oprimiendo, la posibilidad de que se la reformule, de que se la vuelva a cero, para mejorarla, se nos presenta bajo su auténtica faceta despótica, tiránica, absolutista y totalitaria.

Reduciendo el ejemplo de lo universal a lo particular, es como si nos encontrásemos con una persona que se diga humana pero que en ese mismo decir se manifieste como eterna o invulnerable. O no sería persona, o no sería eterna. La democracia, entendida como el sistema que asegura, garantiza y promueve la máxima de las libertades posibles, no puede aducir no expresar una forma en la que se la reduzca a un volver a comenzar, cuando por razones diversas, se encuentre en proceso de corrupción generalizada o en avanzado estado de descomposición.

“Un sistema de representación falseado o sin garantías equivale a una usurpación del poder. Sólo que en la democracia, aun siendo enteramente legítimo el acceso al poder pueden llegar a ostentarlo gobiernos cuyas doctrinas perversas han facilitado su elección. Es universalmente conocido el caso del nacionalsocialismo En la práctica la tiranía democrática es quizá ante todo una tiranía legal que se ejerce en nombre de la opinión pública generando inseguridad jurídica. Ese criterio, perfectamente claro, puede orientar siempre a esta última en tales casos, aun cuando no se agote en los aspectos comentados, la doctrina de la resistencia a la tiranía democrática que exige  ciertamente, desarrollos jurídicos muy precisos y en muchos campos. Por ejemplo, la discusión de la licitud y. en su caso, los límites del uso por el poder de medios con capacidad de adoctrinamiento como la enseñanza o los de manipulación psicológica. Es tema muy amplio y complejo, que debe abarcar también la teoría de las sanciones aplicables directamente a los gobernantes en el caso de leyes tiránicas, que pueden creerse sinceramente legitimados por la voluntad popular. En modo alguno está agotado el tema, tan abandonado del derecho de resistencia. Al contrario. En una sociedad democrática son necesarios nuevos desarrollos y otras precisiones replanteándolo radicalmente. Justamente, este trabajo no pretende tener otro alcance que sugerir la necesidad de reconsiderar a fondo toda la problemática del derecho de resistencia, que es el fundamento de las libertades en cuanto constituye su última garantía en el estado social democrático y en regímenes democráticos” (Negro Pavón, D. “Derecho de resistencia y tiranía”. Logos. Anales Del Seminario de Metafísica .Universidad Complutense de Madrid, España. Pág. 708 1992).

Entendiendo la necesidad que la democracia para ser tal, precisa de establecer, en forma taxativa su posibilidad de disolución, de acabose, para un posterior, volver a comenzar o resurgimiento, y con el firme convencimiento de que, sí continuamos en la discusión argumental, que ya devino en una suerte de disputa bizantina como las concelebradas para determinar el sexo de los ángeles, no haremos más que perpetrar la gravosa injusticia en la que habitamos producto de no poder tomar como propia nuestra tendencia a lo indómito como a lo incierto, es que alumbramos el siguiente compendio para dar una serie de referencias para determinar cuándo sería democrático que una democracia se reconsidere para volverse a sus fuentes, refundarse o rebelarse ante sus propias descomposiciones o corrupciones.

La declaración de la rebelión institucional (en esta suerte de oxímoron imprescindible como paradigmático) debe ser tomada por la comunidad en su conjunto, que se exprese en un periodo específico de tiempo, sucinto y acotado, en donde por intermedio de votaciones se determinen sí existe una mayoría contundente (siempre mayor a la mitad más uno de los que compongan cada recinto, estableciendo una mayoría calificada, de los dos tercios de los presentes,  como la representación más lograda y razonable) que impulse, que sostenga y que promueva, la instancia final, que sería la de la asamblea legislativa, para que también bajo dos tercios, se dé curso positivo o se desestime la petición revolucionaria.

La expresión comunitaria de la que hablamos, la imaginamos de forma tal, que convocada en un plazo no mayor a los dos meses, se resuelva en las instituciones civiles de la comunidad (gremios, sindicatos, colegios de profesionales, asambleas universitarias, plenarios de organizaciones sociales, políticas, reuniones de consorcios o de administraciones privadas, congregaciones religiosas de los diversos credos y todo tipo de aglutinación que pueda ser constada, efectivamente en su conformación como en su número, bajo certificaciones comprobables) un día y una hora, para celebrar la votación a los efecto de poner a consideración, sí recomiendan o aconsejan a la asamblea legislativa que se disuelva la organización del estado tal como lo vivencian hasta ese mismo momento. En todos y cada uno de estos lugares, la comunidad en su conjunto, un mismo día en un mismo horario, será convocada a votar, nunca con más de dos meses de antelación o de campaña, y en caso de que triunfe, el sí a la revolución, en más de las dos terceras partes de las organizaciones u organismos, en donde hubo de triunfar ese sí por más de las dos terceras partes, el proyecto o proceso de rebelión tomará estado parlamentario, debiendo ser votado, en un plazo no mayor a dos semanas, por el pleno del poder legislativo, pudiendo ser convocados, todos los poderes legislativos inferiores (municipales, autonómicos, provinciales y distritales) para que en caso de que triunfe, en las dos terceras partes, por una afirmativa de las dos terceras partes de los presentes en cada recinto, se dé por terminada, acabada, finalizada esa forma de gobierno, llamándose a una asamblea constituyente, que proponga diferentes formas de organización política y social, para los miembros de ese contrato, que, legitima como legalmente, celebraran otro, estableciendo, cláusulas de culminación, de rescisión, como del resto de parámetros que se deben fijar, para dejar claramente establecidos, a los efectos de que tengamos un consenso generalizado en cuán humanos pretendemos ser tratados entre nosotros mismos, sin temores, engaños, veleidades u oscurantismos formales, inconducentes como perjudiciales, innecesarios y antidemocráticos.

Más artículos en:

https://filopolitica.wordpress.com

Por Francisco Tomás González Cabañas.-

Profile photo of Arianna by Arianna

La felicidad medida por normas: relación entre la satisfacción de vida y la aplicación de las leyes

December 19, 2016 in Democracia y Justicia, Investigaciones noveles, Justicia, Sociología Internacional by Arianna

Arianna Rivera Lópezdesarrollo-socail

El estado de derecho y el desarrollo económico y social son aspectos que se relacionan entre sí. El primero como factor preponderante de una democracia, es difícil de definir; pues el concepto implica la rendición de cuentas, el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a la justicia (WJP: 2016). Por su parte, en el ámbito del desarrollo social, existe evidencia de un crecimiento de demandas sociales ante las crisis económicas, por lo cual se realizará un análisis sobre la relación que existe entre la aplicación y regulación de las normas y el nivel de satisfacción de vida de las personas, ya que la efectividad de las normas puede influir en la percepción que tienen las personas sobre su país y el sistema democrático en el que viven; así como en la evaluación que hacen de su vida en conjunto. Se tomarán como base los datos obtenidos en The Rule of Law Index del año 2016, donde se evalúa el estado de derecho, de acuerdo con nueve factores y Society at a Glance del año 2014, que muestra datos sobre situaciones sociales en países miembros de la OECD y otros considerados como países con economías emergentes. Para hablar de la relación utilizo 34 países, que es la información disponible en ambas bases de datos.

En The Rule of Law Index 2016 (WJP:2016) se menciona la importancia del estado de derecho en la vida del ser humano, ya que es el fundamento de un sistema de reglas que mantienen a todos a salvo, permiten resolver disputas y ser capaces de prosperar. Al contrario de la teoría de la modernización, que integra los conceptos de desarrollo económico, social y el cambio cultural bajo el esquema de desarrollo humano, en donde los valores de las personas cambian a ser de autoexpresión, lo cual afecta de forma significativa la satisfacción de las personas al sentirse en una sociedad inclusiva y ello como consecuencia ayuda a la consolidación de una democracia eficiente (Inglehart Ronald y Christian Welzel, 2006). Si bien la felicidad o bienestar son medidas subjetivas, los datos que arrojan son muy útiles para comparar la calidad de vida entre los países (OECD, 2014). La correlación es positiva de 0.66%, por lo que existe relación entre la aplicación de las normas y la satisfacción de vida de las personas, es decir, que el hecho de que se apliquen las leyes influye en que las personas consideren mejor su vida y tengan mayor bienestar. Lo que significa que de acuerdo a The Rule of Law Index, el estado de derecho influye en la vida de las personas al otorgarles mayor satisfacción gracias a los valores de autoexpresión, por lo que ambas teorías tienen una aplicación conjunta.

Considero que las variables analizadas son importantes para el desarrollo de los países, pues en un país donde hay un estado de derecho mayor en cuanto a que se aplican correctamente las normas, son efectivas y hay respeto hacia ellas; los niveles de satisfacción de las personas son más altos, ya que resulta lógico que si vives en un país donde hay seguridad jurídica, te sientas más a gusto. Desde mi perspectiva, me parece un tema muy interesante en el que es necesario investigar más a fondo, con el fin de conocer los distintos factores que influyen en la satisfacción de vida de las personas y en su percepción sobre sus niveles de bienestar y felicidad en conjunto, para de esta manera poder crear o rediseñar políticas públicas que den resultados efectivos y ayuden a incrementar el desarrollo económico y social, el nivel de democracia en un país y la calidad de vida de las personas.

Bibliografía

Inglehart, Ronald y Christian Welzel (2006) Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia del desarrollo humano. Madrid. CIS, Siglo XXI, 448 pp.

OECD (2014) Society at a glance: OECD Social Indicators, OECD Publishing, 147 pp.

World Justice Project (2016) Rule of law index 2016, Washington, World Justice Project, 194 pp.